Columna publicada a Expansión
El pasado 9 de Junio el Consejo de Europa finalizaba su sexta conferencia ministerial sobre la igualdad de género con un mensaje muy claro: La igualdad es una condición necesaria para la democratización de nuestras sociedades y un requisito indispensable para el crecimiento económico. O dicho en palabras de Terry Davis, su secretario general,’la desigualdad de género es injusta, poco inteligente y cara’.
El primero de los tres argumentos eximidos por Davis, la injusticia, tendría que ser razón suficiente para que en España, que se autodefine como sociedad madura y democrática, se destinaran muchos más esfuerzos y recursos a paliar una desigualdad que viene afirmada por cuantas estadísticas miremos.
Parece sin embargo que no es suficiente. Lo que nos lleva a pensar que una estrategia más inteligente sería centrarnos en la fuerza de los otros dos argumentos.
La desaparición de las mujeres del mercado laboral después de tener hijos (bien la desaparición física o la limitación impuesta por el ‘techo de cristal’) se estima que puede llegar a suponer, como mínimo, entre uno y tres puntos porcentuales de nuestro PIB.
¿Puede una sociedad permitirse este derroche colectivo resultante de o bien tener a toda una generación de mujeres formadas ‘desaparecidas’ o bien tener a toda esta generación de mujeres trabajando pero sin tener hijos? ¿Cómo puede ser que la administración no intente combatir este enorme fallo de mercado?
España se está despertando de un déficit gravísimo en el terreno de las políticas de familia. Sin embargo, hay más retórica que acción efectiva. Las políticas que existen combinan facilidades para tener una jornada reducida los primeros años de un hijo con discriminación positiva hacia las mujeres en cargos de visibilidad (aunque la paridad sea inexistente en cargos menos visibles como el de secretario de estado). Y ahora se están introduciendo leves mejoras (como los 10 días de permiso de paternidad para los trabajadores de la administración central) recogidas en el Plan Concilia y en la Ley de Igualdad recientemente aprobada.
Todas estas políticas me parecen bien. La primera, porque deja espacio a la elección. Las otras, porqué mandan señales que son necesarias para romper inercias. Pero ninguna ataca en absoluto el problema de fondo.
La administración tendría que ser más valiente y puesta a mandar señales tendría que, poniéndome un poco bestia, desconectar la corriente a las 19h (las reuniones a las 20h sólo sirven para escabullirse del baño de los niños) o, ahora ya más en serio, proveer a sus trabajadores con servicios in situ de cuidados de niños. Y sobre todo, lo que se tendría es que realizar un esfuerzo significativo de inversión en la infancia (via prestaciones directas por hijo y escolarización 0-3 además de servicios extensivos de cuidado a la dependencia). Esto es, políticas más agresivas, que ataquen al problema de raíz y con un reflejo presupuestario.
A veces pienso que si los Ministros de Economía fueran mujeres no caerían tan fácilmente en las contradicciones de realizar esfuerzos de contención de gasto y saneamiento de las finanzas públicas al mismo tiempo que permiten un derroche colectivo de esta magnitud.
El problema es que no creo que salgamos de dudas, al menos en el corto plazo.
El pasado 9 de Junio el Consejo de Europa finalizaba su sexta conferencia ministerial sobre la igualdad de género con un mensaje muy claro: La igualdad es una condición necesaria para la democratización de nuestras sociedades y un requisito indispensable para el crecimiento económico. O dicho en palabras de Terry Davis, su secretario general,’la desigualdad de género es injusta, poco inteligente y cara’.
El primero de los tres argumentos eximidos por Davis, la injusticia, tendría que ser razón suficiente para que en España, que se autodefine como sociedad madura y democrática, se destinaran muchos más esfuerzos y recursos a paliar una desigualdad que viene afirmada por cuantas estadísticas miremos.
Parece sin embargo que no es suficiente. Lo que nos lleva a pensar que una estrategia más inteligente sería centrarnos en la fuerza de los otros dos argumentos.
La desaparición de las mujeres del mercado laboral después de tener hijos (bien la desaparición física o la limitación impuesta por el ‘techo de cristal’) se estima que puede llegar a suponer, como mínimo, entre uno y tres puntos porcentuales de nuestro PIB.
¿Puede una sociedad permitirse este derroche colectivo resultante de o bien tener a toda una generación de mujeres formadas ‘desaparecidas’ o bien tener a toda esta generación de mujeres trabajando pero sin tener hijos? ¿Cómo puede ser que la administración no intente combatir este enorme fallo de mercado?
España se está despertando de un déficit gravísimo en el terreno de las políticas de familia. Sin embargo, hay más retórica que acción efectiva. Las políticas que existen combinan facilidades para tener una jornada reducida los primeros años de un hijo con discriminación positiva hacia las mujeres en cargos de visibilidad (aunque la paridad sea inexistente en cargos menos visibles como el de secretario de estado). Y ahora se están introduciendo leves mejoras (como los 10 días de permiso de paternidad para los trabajadores de la administración central) recogidas en el Plan Concilia y en la Ley de Igualdad recientemente aprobada.
Todas estas políticas me parecen bien. La primera, porque deja espacio a la elección. Las otras, porqué mandan señales que son necesarias para romper inercias. Pero ninguna ataca en absoluto el problema de fondo.
La administración tendría que ser más valiente y puesta a mandar señales tendría que, poniéndome un poco bestia, desconectar la corriente a las 19h (las reuniones a las 20h sólo sirven para escabullirse del baño de los niños) o, ahora ya más en serio, proveer a sus trabajadores con servicios in situ de cuidados de niños. Y sobre todo, lo que se tendría es que realizar un esfuerzo significativo de inversión en la infancia (via prestaciones directas por hijo y escolarización 0-3 además de servicios extensivos de cuidado a la dependencia). Esto es, políticas más agresivas, que ataquen al problema de raíz y con un reflejo presupuestario.
A veces pienso que si los Ministros de Economía fueran mujeres no caerían tan fácilmente en las contradicciones de realizar esfuerzos de contención de gasto y saneamiento de las finanzas públicas al mismo tiempo que permiten un derroche colectivo de esta magnitud.
El problema es que no creo que salgamos de dudas, al menos en el corto plazo.
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