Mi amigo J, mexicano, vino a Barcelona a pasar las fiestas con la familia de su mujer. Ante una cerveza me contaba, consternado, la indignación que sentía por lo que López Obrador había hecho con su voto y asumía como propias las críticas más feroces que se le hicieron al candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática) en campaña: este hombre es un peligro…menos mal que no fue Presidente!
Dejando de lado el fraude personal que sienten muchos de los votantes de López Obrador en las Presidenciales del pasado Julio, la primera consecuencia política es clara: El PRD, con López Obrador a la cabeza, ha sacrificado a su electorado a favor de su militancia más radical. Y eso supone un grave problema y no sólo para el ahora segundo partido de México. Ya tuvimos una prueba en las elecciones del estado de Tabasco, que fue un termómetro claro de la caída en picado del PRD (sacaba más de 8 puntos de ventaja antes del ‘affaire Obrador’). Seguramente, la radicalización del PRD suponga la vuelta como segunda fuerza de un PRI con la renovación y modernización todavía como asignatura pendiente y el estancamiento de la reforma del sistema de partidos mexicano.
La segunda consecuencia política es quizás a más largo plazo pero también de calado más profundo. Con la acusación de fraude orquestado y generalizado y sus intentos de revolución civil –con toda la parafernalia que los acompaña- López Obrador ha dañado las instituciones más sólidas y bien valoradas del sistema político mexicano. A saber, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Instituciones que fueron reformadas en los sexenios de Salinas y Zedillo y que daban fuerza y legitimidad a un sistema institucional debilitado.
Poner en tela de juicio las instituciones democráticas es de por si un grave problema pero las consecuencias pueden ser todavía mayores en un país como México. La llave de vuelta del progreso sostenido en toda Latinoamérica ya no está, como hace dos décadas, en la estabilización de sus variables macroeconómicas sino justamente en la construcción de un estado de derecho con instituciones sólidas y eficaces. Instituciones que permitan no sólo el control democrático y la transparencia, también la efectividad de las políticas públicas.
Para gente como J, pero también para muchos de nosotros, no hay excusa para la actuación de López Obrador hacia su país. Un señor que proclama –y cito literalmente- ‘al diablo con las instituciones’ y que dilapida un importante capital político por un personalismo difícil de entender en democracia. En un momento como el actual, con el populismo como fuerza pujante en todo el continente Latinoamericano, López Obrador supone la desarticulación definitiva de la izquierda mexicana; no sólo como fuerza de oposición necesaria al Presidente Calderón sino también como alternativa posible en un futuro próximo. Y eso, insisto, son malas noticias.
Dejando de lado el fraude personal que sienten muchos de los votantes de López Obrador en las Presidenciales del pasado Julio, la primera consecuencia política es clara: El PRD, con López Obrador a la cabeza, ha sacrificado a su electorado a favor de su militancia más radical. Y eso supone un grave problema y no sólo para el ahora segundo partido de México. Ya tuvimos una prueba en las elecciones del estado de Tabasco, que fue un termómetro claro de la caída en picado del PRD (sacaba más de 8 puntos de ventaja antes del ‘affaire Obrador’). Seguramente, la radicalización del PRD suponga la vuelta como segunda fuerza de un PRI con la renovación y modernización todavía como asignatura pendiente y el estancamiento de la reforma del sistema de partidos mexicano.
La segunda consecuencia política es quizás a más largo plazo pero también de calado más profundo. Con la acusación de fraude orquestado y generalizado y sus intentos de revolución civil –con toda la parafernalia que los acompaña- López Obrador ha dañado las instituciones más sólidas y bien valoradas del sistema político mexicano. A saber, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Instituciones que fueron reformadas en los sexenios de Salinas y Zedillo y que daban fuerza y legitimidad a un sistema institucional debilitado.
Poner en tela de juicio las instituciones democráticas es de por si un grave problema pero las consecuencias pueden ser todavía mayores en un país como México. La llave de vuelta del progreso sostenido en toda Latinoamérica ya no está, como hace dos décadas, en la estabilización de sus variables macroeconómicas sino justamente en la construcción de un estado de derecho con instituciones sólidas y eficaces. Instituciones que permitan no sólo el control democrático y la transparencia, también la efectividad de las políticas públicas.
Para gente como J, pero también para muchos de nosotros, no hay excusa para la actuación de López Obrador hacia su país. Un señor que proclama –y cito literalmente- ‘al diablo con las instituciones’ y que dilapida un importante capital político por un personalismo difícil de entender en democracia. En un momento como el actual, con el populismo como fuerza pujante en todo el continente Latinoamericano, López Obrador supone la desarticulación definitiva de la izquierda mexicana; no sólo como fuerza de oposición necesaria al Presidente Calderón sino también como alternativa posible en un futuro próximo. Y eso, insisto, son malas noticias.
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